PAULA BENAVIDES

“La ausencia de medidas como la mutualización hace poco probable la sostenibilidad del sistema”

Fue un trabajo de tres meses y medio a un ritmo intenso motivado por el sentido de urgencia del mandato del Senado de elaborar una propuesta técnica fundamental para dar forma a un proyecto de ley corta que posibilite la implementación de dos fallos inéditos de la Corte Suprema sobre las isapres y evite su colapso financiero.

El resultado se plasmó en un documento suscrito en forma unánime por los 16 integrantes –en representación de Salud y Hacienda, de Fonasa, de los gremios de isapres y clínicas, universidades, centros de pensamiento y asesores parlamentariosy que generó amplias repercusiones, tanto por contenido de las propuestas como por el hecho de que éstas no fueron compartidas cabalmente por el Gobierno, como quedó de manifiesto en las indicaciones que envió a los pocos días.

“Desde el principio, en este trabajo siempre primó cumplir el mandato que se nos entregó para la implementación de los fallos, y a la vez asegurando la sostenibilidad del sistema de salud con una propuesta con el mayor respaldo técnico posible. Y eso se antepuso a cualquier diferencia, con compromiso y disposición al diálogo de todos”, señala la presidenta ejecutiva de Espacio Público, Paula Benavides, cuyo papel relevante en la iniciativa quedó manifiesto al defender sus conclusiones ante el Senado a mediados de este mes, ya conocidas las enmiendas del Ejecutivo que, no obstante recoger algunas de las propuestas, dejó fuera el eje de la fórmula.

-¿Cómo asumió que el Gobierno no incorporó en sus indicaciones la mutualización de riesgos en el cálculo de las devoluciones de las isapres a los afiliados que obliga el fallo por tabla de factores?

-Las indicaciones incorporaron varios aspectos trabajados en la comisión como el piso de cotización del 7% o en los plazos para hacer las restituciones de lo que se cobró en exceso. Pero también hay aspectos que no se consideraron y que son fundamentales para evitar una crisis del sistema de salud, entre ellos la mutualización. También el informe especificó medidas habilitantes para la contención de costos y plantea un consejo consultivo con independencia y facultades muy claras para contribuir a la certeza jurídica.

- ¿Qué efecto tiene para dar viabilidad a una salida a la crisis?

-La ausencia de estas medidas tiene un impacto significativo y hace poco probable la sostenibilidad del sistema. No hay que perder de vista viabilizar la implementación de los fallos, evitando que se produzca una crisis con impactos sistémicos. Si ese objetivo se logra con medidas distintas, también es correcto, pero creo que eso aún no se ha logrado.

- ¿Por qué la mutualización debe ser considerada en la ley?

-La mutualización es un principio que es propio de cómo funcionan los seguros y acá estamos hablando de un seguro de salud. Esto tiene que ver con que cuando uno paga una cotización entra a un fondo común, las personas que tienen una siniestralidad más baja financian a quienes sí necesitaron prestaciones más altas y, por lo tanto la mutualización es de la esencia de cómo funcionan los seguros y eso está detrás de la fórmula propuesta.

-El Gobierno insistió en que mutualización no es aplicable desde en punto de vista jurídico

-Es perfectamente consistente con los fallos. Éstos no definieron los montos a restituir, sino que establecieron un mandato al Ejecutivo para determinar la forma de computarlos y sobre ésto -que no fue resuelto expresamente por la Corte-, se buscó aportar una forma de cálculo que contribuya a la certeza jurídica.

- La mutualización ha generado resistencias a nivel político ¿es necesario reponer este concepto en el discusión de la ley corta?

-Hay que salir del eslogan que se puso en cuanto a si era o no un “perdonazo”, para profundizar la discusión técnica y jurídica de su incorporación, porque es una fórmula de cálculo adecuada, perfectamente consistente con lo que han planteado las autoridades respecto de que es primordial dar cumplimiento cabal a los fallos. Además, permite conjugar a la sostenibilidad del sistema de salud.

-¿Pueden las isapres asumir la deuda calculada en US$ 1.000 millones por la indicación del Gobierno, muy superior a los US$ 451 millones que arrojó el informe?

-La deuda estimada por la comisión técnica es significativa, comparable a las utilidades acumuladas entre 2012 y 2020 y al total del patrimonio actual del sistema, cercano a US$ 450 millones. Sin el criterio de mutualización como determinación sistémica del pasivo, sumado a los efectos en los flujos futuros de ingresos, muy probablemente se va a gatillar escenarios de quiebra inminente.

-A propósito del fallo GES, las isapres advirtieron riesgos para las coberturas en tres meses...

-En la comisión no hicimos un cálculo de ese tipo. Pero sí es claro que el riesgo es inminente porque el equilibrio financiero del sistema hoy es precario y la magnitud de los efectos de los fallos es muy significativa. El fallo GES involucra una caída promedio de los ingresos de 12,7%, y de casi 26% para algunas isapres. Por eso es fundamental que ambos fallos se implementen en conjunto con la Ley Corta.

-¿Ha tomado el Gobierno las decisiones con el sentido de urgencia que demanda la situación?

-Si se detona una crisis, no solo afectaría a los afiliados de las isapres, también tendría impacto en los prestadores privados, que a su vez prestan servicios en el sistema público y contribuyen a aliviar las listas de espera.

Desde noviembre de 2022 llevamos dos prórrogas al fallo por tabla de factores, y todavía no hay acuerdo sobre un proyecto de ley corta.

Entonces, debiéramos ver un mayor sentido de urgencia y de apertura en la discusión, entendiendo la complejidad del problema que se enfrenta.

“Sin el criterio de mutualización como una determinación sistémica del pasivo, sumado a los efectos en los flujos futuros de ingresos, muy probablemente se van a gatillar escenarios de quiebra inminente”.