El orden público y el manejo de las policías: la prueba de fuego para Boric

▪ El presidente electo ha establecido como prioridad para su gobierno el combate contra la delincuencia, un asunto especialmente sensible para su sector, que ha sido ajeno a los asuntos relativos a la seguridad pública. ▪ Este lunes, las cuatro fiscalías

POR ROCÍO MONTES

2022-01-14T08:00:00.0000000Z

2022-01-14T08:00:00.0000000Z

Diario Financiero

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ECONOMÍA

El orden público y el manejo de las policías, junto con la escalada de violencia en la Araucanía y sus regiones aledañas, son uno de los principales desafíos inmediatos del Presidente electo, Gabriel Boric. De partida, porque uno de los cambios centrales entre la primera y segunda vuelta fue su discurso sobre la materia, donde de una “refundación” de Carabineros pasó a una propuesta de “reforma policial”, entre otras medidas. Entre el 21 de noviembre y el 19 de diciembre, el magallánico reformuló fuertemente su discurso, luego de la primera mayoría del republicano José Antonio Kast que fue un fuerte llamado de atención sobre la importancia que la ciudadanía le otorga al combate contra la delincuencia. Es un asunto complejo para su sector y lo será para su gobierno, por un asunto que ha admitido el propio mandatario electo: “El tema de la seguridad durante mucho tiempo ha sido ajeno a las fuerzas progresistas y no se ha abordado con la seguridad que corresponde”, aseguró en diciembre en una actividad en La Pintana. Es por esta razón, entre otras, por las que la nominación del ministro del Interior probablemente se ha instalado como la pieza de mayor complejidad para Boric en la conformación de su gabinete, que anunciará en los próximos días. Es el ministro del Interior el encargado político de la seguridad pública, como 12 representantes de municipios de Santiago (seis de Apruebo Dignidad) se lo recordaron al actual gobierno, cuando llegaron el lunes con una carta dirigida al Presidente Piñera con una fuerte crítica a su gestión en seguridad. Fue una señal que, al margen del mensaje político –quieren establecer que la crisis depende de la actual administración y será un tema heredado para Boric–, sugiere un asunto de mayor gravedad: la sensación de descontrol del orden público y la aparente ausencia de la fuerza pública que comparte buena parte de la ciudadanía. Han sido días especialmente intensos en la materia. El fin de semana recién pasado, un comerciante de 67 años fue secuestrado y asesinado por una banda en Iquique. Pedían $ 50 millones. Estadísticas del Ministerio Público mostraron que los homicidios crecieron un 183% entre 2020 y 2021 en Tarapacá, lo que confirma la existencia y actuación de sicarios. Los ejemplos se repiten. El pasado domingo, en la playa el Sol de Viña del Mar, a plena luz del día –siete de la tarde–, una balacera entre comerciantes ambulantes terminó con un hombre muerto. La sensación expresada por los alcaldes el lunes, de una violencia en aumento y la ausencia de policías en las calles –sin contar con que la violencia de Araucanía no cesa– proyectan que la seguridad se está configurando como una prueba de fuego para Boric. En su primera entrevista en profundidad el fin de semana, al Diario Concepción, el futuro mandatario afirmó sus dos prioridades: “El combate a la delincuencia, sin duda, va a ser central, porque la gente quiere recuperar la tranquilidad y los barrios”, aseguró Boric, que también nombró el control de la pandemia como un asunto de primera importancia. Pero se trata de un problema que será difícil resolver para el Presidente electo sin afectar las posiciones distintas que, en esta materia, existen en su coalición Apruebo Dignidad. ¿Extendará el estado de excepción en la zona, cuando ya haya asumido? Es un asunto sensible y la forma en que lo abordará entre 2022 y 2026 se comenzará a mostrar con la nominación de Interior. Con altas dudas sobre si Giorgio Jackson asumirá el cargo –han trascendido las reticencias del diputado–, se trata de un ministerio especialmente sensible, entre otras razones, porque hasta ahora combina la jefatura política y la responsabilidad sobre la seguridad pública. Unas de las dudas que asoman por estos días apunta a si Boric optará por un ministro fuerte en lo político –como aconsejaría las evidentes tensiones que deberá administrar en esta materia–, como lo fue en su momento José Miguel Insulza en el gobierno de Lagos, cuando los temas de seguridad recayeron sobre todo en el subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil. El Presidente electo apoyaría la creación de un Ministerio de Seguridad de competencia exclusiva, lo que dejaría al titular de Interior dedicado prioritariamente a la coordinación política. Pero se trata de un asunto que no se resolverá en breve, por lo que las dificultades para nombrar al ministro de mayor importancia de La Moneda se mantienen. Sobre todo, en un contexto como el actual, donde las demandas son altas en esta materia, al igual que las expectativas. Mientras, el gobierno de Piñera intenta defender su gestión en materia de seguridad –una de las principales promesas desde la misma campaña de 2017–, aunque resulten evidentes los problemas que hoy enfrenta Chile a causa de la delincuencia, probablemente acrecentados tras el estallido de octubre de 2019. Es lo que explica el debate ayer entre la Fiscalía y el subsecretario Juan Francisco Galli a propósito de los datos de homicidios. El lunes, sin embargo, se resolverá parte del misterio: las cuatro fiscalías metropolitanas realizan su cuenta anual, lo que será una buena fotografía de lo que efectivamente ocurrió en un 2021 donde vimos asaltos consecutivos a empresas –como el centro de distribución de Mercado Libre– con técnicas inéditas.

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