Curatoria Política

La socióloga y Directora Ejecutiva de Fundación Nodo XXI se pronuncia respecto de los equilibrios que el gobierno debe alcanzar a pocos días de su segunda cuenta pública y alerta sobre sesgo de género del anteproyecto constituyente.

Esta semana Pierina Ferretti, socióloga y directora ejecutiva de Fundación Nodo XXI, y Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, desmenuzan los últimos acontecimientos en la arena política.

A quién rendir cuentas

La próxima semana tendrá lugar la segunda cuenta pública. Hace un año, este hito tuvo lugar a pocos meses de la instalación del gobierno y con un proceso constituyente que prometía un horizonte claro de transformaciones. Hoy las cosas son distintas. La derrota del 4 de septiembre y el triunfo de Republicanos en las recientes elecciones han configurado un escenario pantanoso que el establishment político aprovecha para instalar sus lecturas y exigencias.

Si ante la primera derrota se acuñó la necesidad de un giro al centro y a la moderación, hoy se reclama virar hacia la seguridad y la economía. Sin embargo, las propias elecciones han mostrado que la sociedad no opera con estas categorías. Los resultados del 7M desbaratan la tesis de un pueblo chileno moderado que rechaza los extremos y no es difícil ver en los recientes comicios una muestra contundente de impugnación a la política. Ante esta sociedad compleja la respuesta del gobierno no debiera ser ceder a las interpretaciones construidas para frenar su vocación transformadora. Tampoco aferrarse obtusamente al programa como si estuviera escrito en piedra y no requiriese ajustes para hacer sentido a grandes mayorías sociales. La imaginación debiera ponerse más bien en construir alternativas que la sociedad sienta favorables a sus intereses y que, demostrando en los hechos que la política sirve, vayan recomponiendo ese debilitado vínculo. El aumento del salario mínimo, las 40 horas, la ley de pago efectivo de pensiones o el copago 0, avanzan en esa dirección. En adelante, la manera en que se resuelva la crisis de las Isapres y se reforme el sistema de salud será crucial, así como el curso que tome la reforma previsional y el cumplimiento de promesas como la condonación del CAE, que no son caprichos identitarios, sino elementos que apuntan a lo central del proyecto político de este gobierno: hacer que la vida, la salud, la educación, las pensiones, no sean objeto de abusos y fuentes de inseguridad. Estas semanas se ha escuchado mucho que la izquierda tiene que dejar de hablarle a su nicho. Estamos de acuerdo. Pero menos debe rendirle cuentas a los nichos del establishment que presionan por orientaciones que poco sentido hacen a las mayorías a las que tanto el gobierno como la izquierda deben convocar y frente a las que sí deben rendir cuentas.

La paridad: entre pasos y retrocesos

Esta semana la comisión experta ha estado votando los capítulos del anteproyecto constitucional. Uno de los puntos que ha suscitado debate es el tratamiento de la paridad. Desde la aplicación de la corrección de resultados en la elección del 7M se ha argumentado que se trataría de un mecanismo que “mete la mano a la urna”, que apostar al 50/50 fue muy drástico y que distorsiona la votación, buscando empujar con ello un retroceso en las que han sido las reglas ya aplicadas en las pasadas elecciones. Además de ser imprecisa, dicha impugnación soslaya que reglas como la distribución de escaños entre regiones podrían ser criticadas con los mismos argumentos.

En concreto, la comisión experta estableció lo siguiente: “La ley asegurará el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electivos y promoverá su participación en condiciones de igualdad, en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres”.Si bien es un avance respecto de la Constitución actual, es un retroceso en relación con la legislación que ya se ha aplicado, siendo un mandato débil que no constitucionaliza el estándar de integración paritaria de los órganos representativos. Además, se relativiza dicha norma a través de una disposición transitoria extremadamente acotada aplicable sólo en la conformación del Congreso y sólo cuando se supera la proporción 60/40, la que se formula como un techo. Por último, la norma transitoria cesa al cumplirse dos elecciones parlamentarias o alcanzarse 60/40 en elecciones parlamentarias siguientes. ¿Qué pasa si ante el cumplimiento del segundo supuesto vienen elecciones donde no se alcance la paridad? Lo cierto es que se requerirán más de cuatro u ocho años y un estándar de integración que afecte a todos los órganos de representación para resolver desigualdades que se arrastran por siglos. En esto, el anteproyecto se queda corto.