Curatoría política

Esta semana, Magdalena Vergara, de Idea País, y Octavio del Favero, desmenuzan los últimos acontecimientos de la política nacional.

Aprobar para reformar

Desdiciéndose de sus propias declaraciones, el Presidente Boric hizo un llamado a su coalición para acordar antes del plebiscito un paquete de reformas a la propuesta constitucional. Sin embargo, para desgracia de quienes suscriben a esa alternativa el llamado tiene pocas -o casi nulas- posibilidades de hacerse realidad.

En primer lugar, el actual desempeño político del Gobierno genera poco ánimo para lograr acuerdos entre las dos almas de esta coalición. Por una parte, el PC y FA, han manifestado abiertamente su acuerdo con la mayoría del texto y su aversión a realizar cambios. Al mismo tiempo desde el PS y el PPD se han expresado reiteradamente críticas sustanciales a algunos aspectos del texto. El fin del Senado es un tema especialmente sensible en los senadores socialistas. Si antes era difícil coordinar contenidos, los dichos del ministro Jackson sobre su “escala de valores” y las reacciones generadas al interior de la izquierda, evidencian una tensión que parece cerrar la puerta a esta alternativa.

Por otro lado, cuesta confiar a ciegas en la disposición al cambio por parte del gobierno, que actualmente defiende esta propuesta constitucional, señalando que su aprobación es fundamental para materializar su programa. Así, parece difícil que se quieran reformar algunos aspectos que han generado inquietud en la ciudadanía, como la plurinacionalidad, los sistemas de justicia o la libertad de enseñanza.

¿Constitución democrática?

Uno de los argumentos más relevantes de quienes defienden esta propuesta es su carácter democrático. Sin embargo, si bien los titulares enuncian que Chile es un país democrático y se incorporaron distintos mecanismos de participación popular, esta propuesta plantea un particular modo de comprender la democracia: de manera directa entre el individuo y el Estado pero que poco incentiva la participación propia de la sociedad civil en los distintos ámbitos. Ejemplo de esto son los derechos sociales. En todos ellos -vivienda, salud, pensiones, educación- la propuesta entrega al Estado absoluta preeminencia y reduce el rol de la sociedad civil a su mínima expresión. En este sentido, pareciera que el texto entiende la democracia solo como sinónimo de participación política y olvida la otra dimensión fundamental de la misma: la libertad de los ciudadanos para organizarse, crear comunidad, y satisfacer demandas sociales.

Educación: ejemplo de contradicciones

En la polémica entrevista de Giorgio Jackson con el “streamer” Wingz, uno de los temas abordados fue la educación. El ministro habló de que la educación debía ser accesible para todos y para ello debían avanzar en gratuidad para que las personas no tengan que endeudarse. También habló de la relevancia de la educación pertinente a cada territorio y a cada cultura. Las declaraciones del ministro sirven para ejemplificar algunos de

los problemas que tiene la propuesta de Constitución. Primero, la falta de realidad práctica. El texto garantiza la gratuidad para las instituciones de educación superior estatales y las privadas que establezca la ley ¿cuáles? No sabemos. Lo que sí sabemos es que la gratuidad universal es insostenible fiscalmente, por lo que necesariamente se deberá dejar afuera a ciertas instituciones. Considerando además que este gobierno promete la condonación del CAE y está en contra del endeudamiento, ¿cómo se financiará la educación de todos aquellos estudiantes que no irán a instituciones gratuitas?

Segundo. La propuesta establece que la educación debe ser pertinente a cada comunidad y territorio. Sin embargo, de forma contradictoria plantean un modelo único de calidad, bajo los principios y fines que establece la propuesta de Constitución y limitan la posibilidad de proyectos educativos distintos a los del Estado. No se consagra ni el financiamiento a la educación particular subvencionada, ni que la sociedad civil pueda abrir escuelas propias. Solo podría haber diversidad en los términos y condiciones que el propio Estado fije.

Plazos

Existe la duda de si será posible desarrollar el período de implementación con las eventuales reformas del texto. Los breves plazos para aprobar algunas leyes no permiten realizar de manera simultánea, reformas constitucionales. En 12 meses se debe adecuar la legislación electoral, crear el registro electoral indígena, convocar una consulta vinculante para la creación de la Región de Chiloé y Aconcagua, presentar proyecto de ley sobre sistemas de seguridad social y de cuidados, convocar Comisión de Transición Ecológica y Comisión Territorial Indígena. En 18 meses se debe presentar el proyecto de ley sobre el nuevo Sistema Nacional de Salud, y en 24 meses hay que presentar los proyectos de ley sobre sistemas de educación, Defensoría del Pueblo, Defensoría de la Naturaleza, vivienda digna y ciudad y entidades territoriales (incluyendo la delicada creación de las autonomías territoriales indígenas). Lo anterior parece imposible si tenemos en cuenta que solo la reforma procesal penal tardó 5 años, o si consideramos la experiencia de instalación de los Servicios Locales de Educación. En definitiva, dado que la propuesta ya plantea plazos estrechos para hacer reformas de gran envergadura, parece difícil que al mismo tiempo de la implementación podamos estar discutiendo las reformas necesarias para ellas.

Magdalena vergara, directora de estudios de ideapaís y Abogada de la Universidad de los Andes, plantea que la propuesta constitucional propone un particular modo de comprender la democracia, “que poco incentiva la participación propia de la sociedad civil en los distintos ámbitos”.