Diario Financiero

Patria avanza en chile

En siete meses la empresa brasileña ha concretado adquisiciones de compañías del rubro financiero y agrícola. Y ahora están a punto de entrar al rubro de los alimentos.

Aunque la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) es la más visible de las organizaciones reivindicativas de la causa mapuche, no es ni por asomo la única ni la más radicalizada. Si en 2018 eran dos o tres, a la fecha ya son siete los grupos de resistencia que pugnan por la hegemonía en la macrozona sur, un territorio donde -amparados por el repliegue del Estadoen lo que va del año se han producido más de 70 ataques incendiarios y 14 personas han sido asesinadas y contando. Se trata de, además de la CAM, la Weichan Auka Mapu, liderada por Fidel Lautaro Tranamil Nahuel; el grupo Resistencia Mapuche Malleco, con Jorge Álvaro Huenchullán Cayul como figura más visible; Resistencia Mapuche Lafkenche, liderada por José Benicio Huenchunao Mariñán. A ellas se suman Liberación Nacional Mapuche, Wiñotauiñ Taiñ Malon y Kutral Mahuida.

¿Cómo sobreviven la mayoría de estas organizaciones?

A la par de ellos, ha ido creciendo una industria criminal ligada al robo de la madera, que este año totaliza US$ 45 millones en hurtos, con 25 mil metros cúbicos de madera extraída de los bosques solo en 2022, sumando pérdidas por US$ 266 millones desde 2018, además de robo de vehículos, maquinarias y equipos, informa el gremio forestal Corma. Y coligado a éstas, proliferan las plantaciones de marihuana, el procesamiento de pasta base, tráfico de otras sustancias ilegales, armas, municiones, entre otros. Solo el año 2021 se decomisaron 1.549 kilogramos de cocaína y pasta base y 11.875 plantas de marihuana, un 53% más de droga incautada que el año 2020, se señala en una demanda ante el Tribunal Constitucional interpuesta en julio de este año por el excoordinador Nacional de Seguridad de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar.

“En esta área geográfica desde Arauco a Los Ríos, las compañías legales han sido reemplazadas por otras empresas, que no pagan impuestos, ni imposiciones, no respetan los derechos laborales, ni los horarios de sus trabajadores”, explican conocedores del territorio.

Incluso, según empresas que operan en la zona, el gobierno de Estados Unidos habría manifestado su preocupación por el

tránsito de sustancias ilegales en el Golfo de Arauco, en la Región del Bío Bío. El Área Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI dijo no tener antecedentes al respecto. Pero en junio de este año, la policía civil recibió la visita del director del FBI, Christopher Wray, quien se reunió con sus contrapartes locales, entre ellos el director general de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Sergio Muñoz. Si bien el motivo del encuentro fue la ampliación de los intercambios entre las agencias de ambos países y facilitar un intercambio más sólido de información y prevención del crimen, conocedores de la visita aseguran que además el estadounidense hizo ver la preocupación por el conflicto mapuche.

Consultada la Embajada de Estados Unidos, dijeron que “una de las funciones de esta misión diplomática es promover los intereses de Estados Unidos en Chile en todos los ámbitos. En esta función, nos comunicamos regularmente con nuestros socios y contrapartes en el gobierno de Chile, en las agencias de aplicación de la ley, así como en el sector privado y la sociedad civil para colaborar en las materias que son de interés mutuo”. En referencia a la consulta sobre si hay preocupación de lo que ocurre en el Golfo de Arauco con el tránsito de droga y otras mercancías ilícitas (armas), la delegación diplomática señaló que “Estados Unidos mantiene relaciones sólidas con las agencias de aplicación de la ley chilenas y trabaja estrechamente con ellas para desarrollar las capacidades mutuas en la lucha contra el crimen transnacional, a través de los intercambios bilaterales, cursos de capacitación conjuntos y el intercambio sobre mejores prácticas”.

“La crisis de seguridad de la macrozona sur tiene ribetes internacionales desde varios puntos de revista: el primero es el modus operandi y la directa conexión de orgánicas radicalizadas de Chile como la CAM con orgánicas radicalizadas argentinas como la RAM a través de la instrumentalización de demandas del pueblo mapuche para justificar sus delitos puros y duros”, señala Pablo Urquízar.

En segundo término, agrega el abogado, la presencia en Chile de Facundo Jones Hualas, principal cabecilla de la RAM, condenado en Chile por un grave atentado incendiario en la Región de Los Ríos, amparado por la CAM y hoy prófugo de la justicia y, en tercer término, la reivindicación en Argentina a través de atentados incendiarios de integrantes de la CAM como Pablo Marchant.

Hay tanta preocupación que incluso, señala el exsubsecretario del Interior de la administración de Sebastián Piñera, Juan Ignacio Galli, los gobiernos de los países europeos preguntaban por ciudadanos alemanes, suizos e italianos y sus descendientes que aún viven en la zona. Es más, hay empresas que han abandonado las inversiones, como el caso de las forestales Volterra (de capitales japoneses) o Tierra Chilena (de la también nipona Mitsubishi), entre otras compañías.

Breaking bad

¿Cuándo se produjo el punto de quiebre en la macrozona sur, cuándo se transformó en un territorio sin ley?

Aunque la mayoría de los consultados señala que fue un proceso de lenta gestación, otros responden que el abandono se produjo a partir de octubre de 2019. Un exsubsecretario de los gobiernos de la Concertación explica que si bien la inmensa mayoría de las más de 300 comunidades indígenas son pacíficas, varios acuerdos suscritos en el gobierno de Patricio Aylwin en los años ‘90 con el mundo indígena nunca se cumplieron, como el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas y la entrega de tierras. “Hay listas de espera de más de 10 años, y obviamente eso genera frustración y alimenta el resentimiento de generaciones”, explica una ex autoridad.

Un ejecutivo de una gran forestal señala que desde el estallido social de 2019 y luego la pandemia, que reorientó el esfuerzo policial hacia las ciudades, las zonas rurales del sur fueron presa de estos grupos que siempre habían existido, pero que ahora se tomaron el territorio. Con las tierras sin sus dueños, se empezó a plantar y procesar marihuana. A esto se suma un cambio generacional en los liderazgos mapuches y enconada rivalidad entre los distintos grupos, con agresiones armadas. Este año, por ejemplo, el medio electrónico Werkén Noticias reportaba que las comunidades mapuche-lafkenche de Tirúa Sur y Hueñaliwen denunciaron el asesinato de Manuel Huenupil Antileo por parte del grupo rival Weichán Auka Mapu.

En la Isapre Colmena, toda la fuerza de venta fue obligada a tomarse vacaciones durante julio. Así, la firma bajaba sus provisiones por días de descanso no cobrados y daba un respiro a un grupo de trabajadores que ha debido enfrentar en primera línea el convulso sistema asegurador privado. Y no sería la única que está usando ese tipo de estrategias financieras para paliar los números rojos que arrastran.

La situación, han dicho los actores del sistema, es crítica, y está casi llegando a un punto de no retorno. Con esa frase que se ha repetido hasta el cansancio, lo cierto es que las pérdidas a junio de este año superaron los $ 40 mil millones. Si entre enero y marzo perdieron $ 21 mil millones en su conjunto las seis isapres abiertas, según información que pudo recabar DF MAS, los números rojos más que se duplicaron al cierre del primer semestre.

La próxima semana se darán a conocer las cifras, pero como referencia están las pérdidas a marzo, donde Consalud sumaba $ 11.726 millones en pérdidas, seguida de Cruz Blanca con $ 8.072 millones, Nueva Masvida con $ 2.595 millones, y Banmédica, con pérdidas por $ 2.288 millones. Las únicas que ganaron en marzo fueron Colmena con $ 1.180 millones y Vida Tres, con utilidades por $ 2.404 millones.

Las razones detrás de estos resultados negativos históricos estarían en la imposibilidad de reajustar los planes de salud por dos años, el aumento de costos de hasta 30% y una serie de ajustes de garantías y criterios que ha hecho la autoridad.

Esto ha hecho que todas las isapres hayan reducido sus costos y apurado los procesos de cobro de facturas pendientes, así como reducir drásticamente sus vendedores; pero a pesar de ello, las operaciones se han solventado prácticamente en su totalidad con aumentos de capital de los accionistas.

En el caso de Consalud, controlada por ILC, el brazo financiero de la Cámara Chilena de la Construcción, el 2021 recibió aportes de capital por $ 90.000 millones y durante el 2022 ha aportado $ 26.000 millones. “Esto demuestra el gran compromiso que ha tenido con la sostenibilidad de Consalud y en seguir aportando a que miles de chilenos tengan acceso a salud privada en Chile”, respondió la firma.

El controlador de Cruz Blanca, Bupa, ha hecho tres aumentos de capital desde el año pasado a la fecha. El primero fue por $ 45.577 millones en enero de 2021; el 15 de marzo de este año fueron $ 123.397 millones y el último fue el 15 de junio de este año por $ 1.384 millones. La isapre no confirmó si la totalidad de esos nuevos recursos fueron a parar solo a la aseguradora, o además se repartieron en otras filiales del grupo, como clínicas.

“Si bien en CruzBlanca hemos redoblado

la Asociación de Isapres y representantes de las empresas socias del gremio lograron juntarse con la ministra de Salud, María Begoña Yarza. En la cita, dejaron que los representantes de las aseguradoras mostraran en carne propia lo que están viviendo.

Quienes estuvieron presentes en la cita reconocen que no hubo, o no se hizo patente, un cambio de criterio en la autoridad, que en julio había dicho que las isapres durante mucho tiempo habían ganado dinero, por lo que corresponde que ahora tuvieran ahorros para los tiempos malos.

Con números en mano, las isapres le hicieron ver a la autoridad que eso no era así debido a los costos del sistema, la mayor siniestralidad y la imposibilidad de aumentar precios. Además, recordaron que fue el Congreso el que aprobó la Ley 21.350, que regula el procedimiento para modificar el precio base de los planes de salud, en base a una circular que emite la Superintendencia de Salud.

Lo contraproducente es que ha sido la misma Superintendencia la que ha negado aplicar el alza de 7,6% como techo que fijó para este año, aduciendo que las isapres no han entregado argumentos para esa alza de precios. Y las isapres han elevado recursos administrativos recalcando que el argumento lo ha dado la misma Superintendencia, con la circular que fija el alza máxima explicada en los costos del sistema.

La ministra Yarza dijo que armarían una mesa de trabajo con las isapres, sobre todo para ver el paso al nuevo Fondo Único de Salud que empuja el Gobierno.

Además, el panorama ya se ve complejo para el próximo año.

En una sorpresiva circular que emitió la Superintendencia, dirigida por Víctor Torres, cambió un criterio en cuanto a la medicina preventiva. Resulta que la ley que permite readecuar planes pide como contraprestación que las isapres realicen exámenes preventivos a sus pacientes y cumpliendo eso se puede llevar adelante el reajuste. Sin embargo, en junio pasado, la autoridad duplicó las metas de cumplimiento, faltando apenas medio año, con lo que sería casi imposible que cumplan con esa norma.

Si además de eso se siguen presentando judicializaciones por el uso de la tabla de factores y el gobierno no empuja una reforma integral, el panorama no tiene mucho espacio para mejorar.

En todo caso, todos los actores consultados están esperando el 4 de septiembre. De ganar el Apruebo o el Rechazo, creen, las chances de que el sistema sobreviva tal como hoy son nulas. Sin embargo, la gradualidad de los cambios dependerá de la opción que se alce como victoriosa. Muchas, sino todas, saben que el modelo se reajustará, lo que no tienen claro es cómo será la transición para las empresas, los controladores y los 3 millones de clientes que tienen.

En paralelo, siguen en compás de espera la compra de Colmena por parte de Nueva Masvida. Sin embargo, actores al tanto dicen que la condición suspensiva para seguir adelante en los términos acordados, era que la FNE aprobara la operación, lo que no ocurrió cuando el organismo rechazó la operación a inicios de año. Ahora está en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pero en el caso de que el tribunal rechace el criterio de la FNE, Colmena y Nueva Masvida deberían sentarse a conversar desde cero y con otras condiciones, dicen conocedores.

Las alarmas en los bancos

Hay visiones opuestas en las isapres. Mientras algunas están conformes con la estrategia de alardear del mal momento que viven, otras creen que las perjudica con otra contraparte clave para el sistema: los bancos.

Resulta que buena parte de las garantías que entregan las isapres a la Superintendencia para solventar una parte de los pagos en caso de quebrar, son otorgadas por los bancos, los que desde este año se han puesto el doble de restrictivos para aumentar o renovar las líneas de crédito aprobadas.

Los telefonazos desde las entidades financieras no han cesado, y varias han rebajado los plazos para otorgar garantías desde un año, que era lo usual, a seis meses como máximo. Las empresas de factoring o de confirming (adelanto del pago de facturas) también están alertas por el riesgo sistémico si es que se activa la intervención de una clínica y se adelantan todos los pagos pendientes. El bochorno de la quiebra de la ex Isapre Masvida todavía está en el aire.

Solo a las clínicas, por ejemplo, las isapres les deben del orden de los $ 450 mil millones hasta mayo, pero la mitad de esos están “formalizados”, la otra mitad ha sido objeto de una estrategia de postergación, explica un importante actor del rubro.

Cuando la clínica envía a una isapre la factura de un paciente atendido, la aseguradora tiene 60 días para presentar alguna objeción. Lo que están haciendo varias es que al día 59 envían una objeción, renovando por otros 60 días el plazo de revisión. Y en esos 120 días la clínica sigue abultando sus deudas.

Por eso la relación entre clínicas e isapres está cada vez más tensa. La Clínica Alemana terminó el convenio que tenía con Consalud y Nueva Masvida; Redsalud (de ILC) notificó a Nueva Masvida que en tres meses ponía fin al acuerdo comercial que tienen; y las clínicas de Banmédica (Santa María, Davila, Vidaintegra, entre otras) habían avisado a Nueva Masvida lo mismo, pero luego echaron pie atrás, porque la isapre se habría puesto al día en sus deudas.

Esto también ha activado alertas en los médicos. Un ejecutivo de una isapre cuenta que cuando el director de Fonasa, Camilo Cid, dijo que las isapres “desaparecerán del mapa de la seguridad social”, varios facultativos empezaron a llamar a las isapres para preguntar qué iba a pasar con ellos y los convenios. Los bancos se sumaron a las consultas. Y los accionistas también.

El Monasterio de Santa Comba de Naves, en la ciudad de Orense en Galicia, España, llevaba 90 años sembrado de maleza y abandono. Hasta que en 2016 el pueblo se enteró de que había un comprador, un banquero que representó al Banco Santander en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil y que prometía restaurar el templo, traer de vuelta la imagen de San Benito y un cuadro de Santa Comba, abrir una parte a la comunidad y la otra como hotel, siempre manteniendo la fachada del edificio que data del año 888.

El nuevo dueño se llamaba Román Blanco Reinosa, había nacido en 1964 en el pueblo de Sendelle, en la ciudad de Pontevedra también en Galicia y luego de numerosas conversaciones con los vecinos, con las autoridades religiosas y municipales, pudo concretar la compra.

58 años después de que nació y siete desde que se convirtió en dueño del monasterio, Román Blanco entró a primera hora de este lunes 1 de agosto al edificio de la calle Bandera en el número 140, ahora investido como gerente general y country head del Banco Santander en Chile.

Quienes lo vieron en las primeras horas del lunes cuentan que pasillo por el que pasaba se detenía ceremoniosamente, extendía la mano y se presentaba: “Hola, soy Román Blanco, el nuevo gerente y country head del banco”, decía.

Demoró varios minutos en cruzar el puente que atraviesa la calle Bandera hasta tomar el ascensor a su oficina. Y esa dinámica la repitió todos los días, hasta que el jueves por la tarde tomó un avión rumbo a Puerto Montt a reunirse con los agentes de la zona sur del país del banco.

Blanco, que es ingeniero civil de la Universidad de Cantabria y MBA por la Universidad Carnegie Mellon, entró en el Santander en 2004 y no se separó de él nunca más, asume dos cargos en uno. Reemplazará a Claudio Melandri como country head, quien llevaba ocupando una década dicho cargo, y a Miguel Mata como gerente general.

Eso quiere decir, en la práctica, que será el mandamás tanto en la operación diaria de la firma, como en la relación estratégica con Boadilla del Monte en España, donde está la casa matriz del Santander.

En el mercado llamó la atención que Melandri, un ejecutivo bien evaluado en la banca, haya salido del puesto de country head. Y aunque algunos lo leyeron como una intervención directa de la matriz en Chile, una de sus operaciones

clave en Sudamérica, la decisión habría sido conversada con Melandri, quien seguirá siendo el presidente del directorio del banco, aunque tendrá menos poder ejecutivo que hasta hoy con la dupla que hacía con Mata.

Además, recalcan fuentes de la firma, en el banco es normal ir rotando y moviendo el rol de country head entre el presidente del directorio y el gerente general.

Ana Botín, la influyente presidenta de Banco Santander España, aplaudió su arribo por LinkedIn.

“Quiero dar la bienvenida a Román, quien, con una trayectoria de 18 años en Santander, es de sobra conocido por todos. Tiene una gran experiencia internacional: empezó en Brasil hace 18 años, ha sido country head del Grupo en Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos y desde finales de 2015 ha ejercido como responsable de la unidad de Región Andina y Uruguay. Estoy segura de que Román hará un gran trabajo en beneficio de nuestros equipos, nuestros clientes, y el conjunto de la sociedad chilena. Para ello, seguirá contando con el consejo y la experiencia de Claudio (Melandri). Os deseo mucho éxito a ambos”.

En 2015, fue la misma Botín quien removió a Blanco como máximo ejecutivo en Estados Unidos porque, según reportó Wall Street Journal, el banco no cumplió con ciertos criterios cualitativos exigidos por la autoridad regulatoria del sistema financiero estadounidense.

“Santander fulmina al responsable de EEUU para arreglar sus problemas con la Fed”, tituló el diario español El Confidencial, dando cuenta que Blanco sería reemplazado por el ex JP Morgan, Scott Powell.

Ahora, en Chile, el ejecutivo acostumbrado a batallar con regulaciones complejas y países latinoamericanos en constante cambio de las reglas del juego, viene con los desafíos claros.

Los primeros días

El miércoles, Blanco se movió hasta la avenida Quilín, en Peñalolén. En el Club de campo del Banco Santander se reunió con unas 30 personas responsables de las unidades territoriales y zonales. Abrió el encuentro Pedro Orellana, el gerente de la División Comercial del Banco.

Orellana es un viejo conocido de Blanco. El chileno trabajó con el español en Colombia, cuando fue vicepresidente de la unidad de retail y Blanco era el CEO del país cafetero, por lo que fue uno de los primeros que recibió al nuevo jefe en Chile.

En la cita del miércoles luego habló Gonzalo Cousiño, gerente de la red de sucursales, antes de darle el paso a Blanco, quien se presentó y reiteró los objetivos que él traía al banco. “Ser el mejor banco”, dicen que repitió unas 10 veces.

Además de enfocarse en los clientes y mantener los índices de fidelidad y preocuparse por los trabajadores del banco, Blanco les dijo que “me importa mucho ser un banco grande, pero me importa más ser el mejor no solo entre nuestros competidores chilenos, sino también dentro del Grupo Santander”.

Lunes y martes se dedicó a reunirse con la plana mayor del banco, donde ahora será el quinto extranjero. Hay dos argentinos y dos españoles más, el resto son chilenos.

Quienes presenciaron esas reuniones cuentan que la primera parte de las citas no las dedicó a preguntar por indicadores ni metas, sino que les pedía a los ejecutivos hacer una presentación personal. Quería saber quiénes eran, cuáles eran sus pasatiempos, cómo estaba su familia.

Las metas del banco, que aportó con

US$ 395 millones de las utilidades al resultado global del Santander, representando el 20% de las ganancias que tuvo Sudamérica, son seguir enfrentando la desaceleración económica que atraviesa el país y todos los cambios regulatorios en ciernes que afectan de una u otra manera la operación.

Eso, además de seguir profundizando en la digitalización y enfrentando la competencia que las fintech le han hecho a la banca tradicional en Chile y el mundo. Ya tienen 1,3 millones de clientes en Superdigital, la solución fintech del banco, y Getnet, su propia red que le compite a Transbank, ya tiene 111 mil POS en la calle, y se ha quedado con 20% de la torta del mercado.

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2022-08-07T07:00:00.0000000Z

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