LA MILLONARIA CUENTA QUE VAN SUMANDO LOS SOCAVONES

Luego de profundizarse la emergencia en Viña del Mar, en el sector Reñaca Norte al abrirse una segunda zanja, los propietarios del edificio Santorini Norte se organizaron con abogados para delinear las acciones legales: estas van desde reclamos en la Contraloría, recurso de protección e indemnizaciones. La firma Reconsa, vecina de los terrenos afectados, junto con solicitar información al MOP, revela un dato: según la información que manejan, la capacidad del colector está pensada para el doble de las hectáreas urbanizadas actualmente. Duna Viva advierte a la cartera encabezada por Jessica López que el relleno requiere de un EIA. “Te desarman tu vida. Esto me desordenó todo. Tuve que venirme a la casa de mi hermana. Ahora estoy en Olmué. Tengo a mis niños en un colegio en Concón, y voy de Olmué a Concón todos los días”, dice Carolina Astorga Carreño, propietaria de un departamento en el edificio Miramar, uno de los complejos evacuados esta semana tras el segundo socavón que se abrió en el sector de Reñaca Norte Cochoa. La vecina explica que va a tener que incurrir en gastos para arrendar otra vivienda, “teniendo mi propiedad, y nadie se hace responsable”, reclama. Cuenta que los vecinos afectados se están organizando para demandar a quienes resulten responsables, y que para ello están reuniendo fotos, minutas y organizando reuniones. Una demanda que a todas luces va a ser millonaria, considerando los gastos que los vecinos están teniendo que enfrentar, en arriendos, traslados y sin dejar de pagar dividendos, gastos comunes y contribuciones, en una emergencia de proporciones que va para meses, por los tiempos de reparación de los socavones, y que además se da en un contexto que está cruzado por una larga y conflictiva historia por la construcción en esa zona alta de Reñaca Concón, en torno a las dunas. Los dardos al MOP y al Estado “El responsable directo, tal como lo reconoció la propia ministra (Jessica López), evidentemente es el MOP, porque aquí colapsó un colector y ese colapso hace que las aguas lluvias empiecen a caer en el terreno y lo socavan. Debemos reconocer (que) la primera acción de la ministra fue sincera. Por supuesto que uno como abogado sabe que eso era una llaga para el Consejo de Defensa del Estado, que va a tener que defender estas causas”, plantea la abogada urbanista Jeanette Bruna Jara, experta en derecho urbanístico y construcción, quien tomó la representación de los vecinos del edificio Santorini Norte, uno de los que se tuvo que evacuar. Bruna también apunta que fue el Estado el que concedió todos los permisos, y las personas confiaron. “Si el Estado considera que hubo algún problema en la urbanización o en la construcción, entonces es el que tendrá que responder también, porque es quien dio los permisos, recibió las obras de urbanización, pavimentos, alcantarillados. Desde la perspectiva del particular, el primer responsable, el primero que falla es el Estado”, dice. “Para nosotros es claro que la causa fue la falta de mantención del colector, cuya responsabilidad recae en el MOP. La construcción de edificios en esa zona está de acuerdo con el plan regulador, cuenta con todos los estudios técnicos necesarios para asegurar la estabilidad de las estructuras y todos ellos fueron aprobados oportunamente por todas las autoridades correspondientes”, insiste Juan Ignacio Soza, gerente general de Reconsa, firma que ha desarrollado buena parte de las urbanizaciones de la zona, a excepción de las nueve hectáreas donde hoy están los socavones y edificios evacuados. La urbanización y el enredo legal Para entender el desarrollo inmobiliario en la zona, hay que remontarse a la expansión de Viña del Mar hacia el norte en los años ‘80, cuando Concón no existía como comuna independiente, sino que era parte de la Ciudad Jardín. En ese desarrollo, muy gravitantes fueron los socios de Reconsa, cuya propiedad hoy se divide en tres tercios (30% cada uno) en tres familias: Soza Donoso, Cerda, y Pérez Yoma, más un 10% de Confuturo (ILC, de la Cámara Chilena de la Construcción). En su origen, fueron dos grupos de socios los que compraron los terrenos, los socios de Neut Latour -Francisco Soza Cousiño, José Luis Cerda, Eugenio Irarrázaval- en 60%, con una firma del ex ministro DC Edmundo Pérez Yoma, en 40%, dando origen a la sociedad Empresa General de Construcciones (Egeco). El paño original fue de 143 hectáreas: 130, entre el camino Concón Reñaca y Av. Borgoño (es decir, la parte hacia la costa), y 13 hacia el interior. La compra, rubricada el 29 de abril de 1980, no fue hecha al Estado, sino que a la sucesión de la familia Borgoño, una histórica familia viñamarina, que da nombre a la mencionada avenida. En agosto de ese mismo año sumaron otro paño, de unas 450 hectáreas, tras un remate público que hizo RCP (Enap de Concón), ubicados en la zona del interior, hacia el Camino Internacional. Reconsa surgió en 1998 -Sociedad Urbanizadora Reñaca Concón S.A., como filial de Egeco-, y fue la que emprendió la urbanización. Primero, Bosques de Montemar, luego Pinares de Montemar, y luego Costa de Montemar, esta última 53 hectáreas en la parte alta de Higuerillas. Todo ya tenía uso de suelo urbano. También Reconsa vendió nueve hectáreas a la sociedad Reñaca Norte -vinculada a Carlos Echeñique, que había sido propietario de Radio Finísima-, que son los terrenos ubicados entre el campo dunar y Cochoa, donde están hoy los socavones y los edificios evacuados. Reñaca Norte, a su vez, fue vendida a la sociedad Serinco (Sergio Ramírez, Juan Pablo Simian, y Eduardo Effa), quienes fueron los urbanizadores de esa zona en específico. Fuentes que conocen esta historia explican que tras una asesoría de la firma Hidrosán, que hizo un estudio de evacuación de aguas lluvia, se contemplaron cinco colectores, de los cuales se construyeron cuatro, porque el quinto va en una zona aún no urbanizada. Estos cuatro dan a Higuerillas, Costa Brava, Playa Bahamas, y el cuarto, a los terrenos de Cochoa correspondientes a lo vendido a Reñaca Norte, urbanizados en 2005 y cuyo colector lo aprobó el MOP ese mismo año. Las mismas fuentes exponen que cuando Reconsa vendió esas nueve hectáreas era un paño bruto no urbanizado, colindantes, pero no en lo que después fue conocido como el Santuario, y que contaban con uso de suelo H7, esto es: ocupación de suelo del 25%, altura sin límite y coeficiente 2 (dos veces el tamaño del terreno). “Tenían todas las autorizaciones”, dicen conocedores. Avanzando en el tiempo, surgió Duna Viva -integrada por la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultura de Viña del Mar y la Fundación Yarur Bascuñán, vinculada a Jorge Yarur-, acérrima opositora a la construcción en la zona dunar Concón Reñaca, movimiento que fue activando una seguidilla de acciones legales para evitar el levantamiento de edificios ahí. En esta historia, hay dos fechas claves: una, el 26 de diciembre de 2012, cuando el gobierno de la época comandado por Sebastián Piñera estableció como Santuario de la Naturaleza el sitio Campo Dunar de la Punta de Concón, unas 30,1 hectáreas, que está en manos de Reconsa, sin construirse. La segunda fecha relevante es el 5 de junio de 2019, cuando en uno de los litigios judiciales, la Tercera Sala de la Corte Suprema dictaminó que un proyecto de dos edificios, emplazado “inmediatamente contiguo al Santuario”, dijo, debió ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Un involucrado en este litigio indica que este fallo dio vuelta una decisión del Servicio de Evaluación Ambiental (antes era Conama), pues ante consultas de pertinencia, había resuelto que no se requería evaluación ambiental (RCA). Pero como la Suprema estableció lo contrario -lo mismo había hecho la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en abril de 2019-, se paralizaron las obras de ese complejo. Y es este mismo fallo el que hoy dio pie a que Duna Viva emprendiera nuevas acciones ante Contraloría cuestionando los permisos entregados entre 2011 y 2023 por el Director de Obras Municipales (DOM) de Viña del Mar, Julio Ventura, los permisos de obras y recepciones definitivas dados “en las cercanías del extremo sur del Santuario”, dice la denuncia. Por ello, para el abogado de Duna Viva, Gabriel Muñoz, el problema de los socavones es multifactorial. Pero señala: “Hay un principal responsable, que es quien otorgó los permisos de edificación no debiendo otorgarlos, que es el DOM, en primer lugar”. Plantea además que esa responsabilidad se extiende hasta hoy a la alcaldesa Macarena Ripamonti, porque habiendo tenido las herramientas para cambiar el curso de los hechos, no lo hizo. Eso es, a juicio de Muñoz, que tras el fallo de 2019, se pidiera la invalidación y nulidad de permisos. En esta arremetida contra el DOM, Duna Viva menciona explícitamente al edificio Kandinsky, hoy declarado inhabitable, y a Alto Santorini. Una de las alternativas que baraja el MOP para solucionar este caso consiste en rellenar los socavones con la mejor materialidad que se disponga, ha señalado la ministra Jessica López. Ante ello Muñoz advierte: “Si el MOP quiere hacer una solución de un relleno de cemento, nosotros vamos a pedir un EIA. Esa acción está arriba de la mesa en cualquier momento que empiecen a construir sin ningún EIA. Duna Viva busca que se cumpla la ley, el santuario dunar, y que no se construya ni sobre ni alrededor”. La batería de acciones legales La abogada Jeanette Bruna explica que el primer curso de acción consiste en lograr que la delegada presidencial fije un rango mínimo de seguridad para proteger los bienes. Además, están estudiando concurrir a Contraloría para intervenir en el proceso de los permisos que está estudiando de la DOM. También menciona un recurso de protección, dado que estima que el MOP está poniendo en riesgo a las edificaciones, para que realicen la labor de contención urgente. “Necesitamos primero que todo, que se realice un verdadero trabajo de contención del terreno que evite nuevos socavones por las próximas lluvias”, dice Bruna, apuntando a que ya hay un reconocimiento del ministerio de que el primer socavón fue responsabilidad de ellos. “Y este primer socavón lo contienen con una manga plástica que no tiene ningún criterio constructivo técnico. Lo habría hecho un maestro chasquilla. Nos han dicho que eso no tiene ningún cálculo ingenieril. Por tanto, nosotros pedimos que el Estado actúe con eficiencia, eficacia”, reclama. Y luego menciona las acciones indemnizatorias. “Toda la labor está concentrada en que el Estado cumpla su deber de reparar el daño causado. Primero conteniendo el socavón y posteriormente se verán las indemnizaciones”, dice. DF MAS consultó al MOP, la municipalidad de Viña del Mar y al Sernac, sin obtener respuesta de estas entidades públicas, al cierre de esta edición.